El encuentro de la polémica, que se disputó el 21 de mayo de 2011, terminó con la victoria por 2 a 1 del Zaragoza, lo que le permitió mantenerse en la máxima categoría del fútbol español. 
La querella masiva del por entonces fiscal anticorrupción Alejandro Luzón ya generó un desfile de imputados por presunta corrupción deportiva de futbolistas y dirigentes nunca visto en el fútbol español. 
Todos los implicados negaron el amaño en sus declaraciones, primero ante la Fiscalía y después ante la juez del juzgado número de 8 de Valencia, Isabel Rodríguez, que archivó la causa el pasado verano.
Sin embargo, ésta fue reabierta por la Audiencia Provincial valenciana el último 25 de enero tras el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía, la Liga de Fútbol Profesional y el Deportivo de La Coruña, club perjudicado por el presunto tongo al descender a Segunda División. Luzón fue rotundo en su querella, motivada a raíz de una denuncia del presidente de La Liga Javier Tebas tras una conversación de este con Augusto César Lendoiro, presidente del Deportivo en aquella época.

Por el Zaragoza, Luzón apuntó directamente en su escrito a Agapito Iglesias, a los consejeros Francisco Javier Porquera y Francisco Checa, a Antonio Prieto, Javier Aguirre y a los tres capitanes del Zaragoza, Gabi, Leo Ponzio y Jorge López como presuntos urdidores principales del presunto acuerdo “con la anuencia del resto de jugadores”. Luzón brindó el detalle los citados ingresos que recibieron procedente de las cuentas de Zaragoza. Antonio Prieto (50.000 y 35.000), Javier Aguirre (50.00 y 35.000), Lanzaro (50.000 y 40.000), Ander Herrera (50.000 y 40.000), Doblas (50.000 y 40.000), Da Silva (50.000 y 40.000), Braulio (50.000 y 40.000), Ponzio (50.000 y 35.000), Gabi (50.000 y 35.000), Jorge López (50.000 y 40.000) y Diogo (50.000 y 35.000). El entrenador mexicano Javier Aguirre, por entonces DT de Zaragoza; el director deportivo Antonio Prieto, así como el expropietario del club Agapito Iglesias y los directivos Javier Checa y Francisco Porquera estarán entres los acusados cuando se abra el juicio oral, que se estima será en unos seis meses.